La compraventa de inmuebles siempre ha sido una actividad que ha involucrado grandes cantidades de dinero en efectivo. Sin embargo, debido a la entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México en el año 2013, se han establecido ciertos límites para el pago en efectivo de bienes inmuebles con el fin de evitar el lavado de dinero y garantizar que los recursos que ingresan al sistema financiero tienen una procedencia lícita.
La LFPIORPI regula la compraventa de inmuebles como una actividad vulnerable al lavado de dinero y establece que el monto máximo permitido para el pago en efectivo de bienes inmuebles es de 8,025 UMAS (Unidad de Medida y Actualización). A partir del primero de febrero de 2024, el valor de la UMA será de $108.57, lo que significa que el monto máximo permitido será de $871,274.25. Si el inmueble tiene un precio mayor, la diferencia deberá ser pagada por otro medio como un cheque personal o de caja, transferencia, entre otros.
